EL PODER JUDICIAL Y EL AJUSTE – Más que una luz verde

EL PODER JUDICIAL Y EL AJUSTE – Más que una luz verde

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Por NP

En uno de los momentos más difíciles de la gestión de la gobernadora Vidal, la justicia bonaerense emitió un fallo que confirma la aplicación de los nuevos tarifazos para este 2017 y que da cuenta del rol que la corporación judicial desempeña en el esquema de ajuste, entrega y represión que impone el macrismo.

La confirmación por parte de la Justicia en lo Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires a los tarifazos impulsados por las empresas de distribución de energía eléctrica y consentidos por la gobernadora María Eugenia Vidal es un espaldarazo más de un sector del poder judicial a las políticas de ajuste, entrega y represión que lleva a cabo el gobierno.

El fallo emitido a fines de la semana pasada llega en un momento crucial para el gobierno nacional y la gobernadora bonaerense. Esta última, con el conflicto docente a tope en las agendas informativas de todo el país, encuentra en la resolución judicial una bocanada de aire fresco que le permite tomar impulso de cara a una contienda electoral marcada por el descontento de una parte importante de la población del conurbano por la inflación, el desempleo y el incremento de la pobreza.

La medida que lleva la firma de los jueces Gustavo Juan De Santis, Daniel Spacarotel y Claudia Milanta se originó en el rechazo a la precautelar que había presentado hace menos de un mes el juez Luis Arias. Esta resolución del tribunal bonaerense fue emitida con fines suspensivos, lo que en la práctica, anula los efectos de lo dispuesto por Arias y da vía libre a Edelap, Edesur y Edenor a aplicar un nuevo tarifazo que en algunos casos supera el 100 por ciento y que se acumula con los incrementos dispuestos el año pasado.

Vale recordar que la precautelar presentada por Arias había sido solicitado por Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y contaba con el aval de las asociaciones de consumidores. Vale destacar que, a diferencia del año pasado, esta vez los aumentos fueron aplicados tras realizarse una audiencia pública para el caso. Esto confirma, una vez más, que el problema de fondo en torno al precio de los servicios públicos no es una problemática legal sino política. En estas audiencias las asociaciones de consumidores presentaron sus argumentos para evitar una nueva escalada en las tarifas, pero una vez más se impuso los intereses de las empresas de distribución de energía eléctrica ¿Casualidad? Nada de ello. Vale recordar que entre las principales acciones de estos grupos económicos se encuentran amigos y familiares del presidente y la ceocracia que lo secunda en el gabinete nacional.

Así las cosas, la consolidación del perfil liberal burgués del Estado nacional bajo la administración macrista escribe un nuevo capítulo en el que se fortalece y reafirma. Lejos de una visión estática y petrificada sobre el funcionamiento de esta lógica política y organizativa del Estado, el capitalismo en su fase neoliberal ha logrado consolidar una dinámica en la que las diversas fracciones que componen el bloque de poder dominante se complementan para perpetrar el plan económico que, cuyo guión se diseña en Washington, el gobierno interpreta sin mayores sobresaltos.

Como parte de esta dinámica operativa del poder en Argentina, la corporación judicial viene haciendo méritos suficientes para ocupar un lugar en el podio de los más consecuentes con este proyecto. Sucede que, a diferencia del poder mediático, económico y político, el judicial tiene poco que perder y mucho para ganar. Con cargos vitalicios en el Estado -es el único poder de la república burguesa que cuenta con este beneficio- y un presupuesto anual multimillonaria aprobado por el Congreso de la Nación, el poder judicial ha logrado constituirse en una verdadera corporación que teje sus negocios en el marco de la economía capitalista. ¿Cuál es su ventaja? Qué además de su poder político innegable, cuenta con la capacidad de abrir y obturar caminos a partir de una interpretación de las leyes que en la mayoría de los casos favorece a los grupos económicos.

En esa clave se puede leer este nuevo guiño de “la justicia” a las empresas de generación de energía eléctrica y a la gobernadora Vidal, como antaño sucedió con el Grupo Clarín en plena disputa por la aplicación de la extinta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ambos casos se sirvió de todo el aparato y poder que el Estado le confiere para torcer las interpretaciones a favor de los grupos económicos.

¿Qué hay detrás?

Para avanzar en una mejor compresión acerca de cómo funciona esta dinámica y relación simbiótica entre grupos económicos y Estado -en este caso con el poder judicial- es necesario aclarar que, en la práctica, el grado de interrelación entre unos y otros ha configurado un escenario en el que los límites son bastantes difusos.

Un simple repaso sobre las relaciones existentes entre los empresarios con intereses en el negocio de la energía, los ceócratas que administran el Estado liberal burgués y el poder judicial ayudará a construir una genealogía del saqueo, el ajuste y la represión que encuentra en sus protagonistas el fundamento de clase que lo sustenta.

Detrás de los tarifazos en luz y gas que castigan a millones de personas en todo el país, fueron varios los socios y amigos del presidente que se lanzaron al negocio de la producción energética, las energías renovables y los servicios públicos. El caso de Joe Lewis es el más conocido: poseedor de una estancia en la que vacaciona el presidente, dueño del helicóptero que lo trasladó durante la visita de Obama al país y usurpador del Lago Escondido en Río Negro, es además accionista de Pampa Energía -que entre otras es dueña de Edenor-, la cual, fue beneficiada con la condonación de la deuda que tenía con Cammesa -Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico y cuyo 20 por ciento pertenece al Ministerio de Energía que encabeza Juanjo Aranguren- por unos 1.229 millones de pesos.

Pero la lista no culmina allí. Otro de los dueños de Pampa Energía es Marcelo Midlin, quien aprovechó el contexto favorable para realizar negocios en el sector y compró la mayoría de las acciones de la filian local de Petrobras. Midlin es, además, como Lewis, socio de los IrustaCornet -dueños de Araucaria y SpiEnergy- y forman parte de las casi ochocientas grandes empresas que por ser “usuarios electrointensivos” quedaron exentos de los tarifazos y pagan la energía a un costo mucho menor que el de cualquier argentino de a pie.

También, vale recordar que Midlin adquirió recientemente la constructora IecSA que, antes, Macri le había vendido a su primo AngeloCalcaterra.

La relación de los empresarios con el Estado les permite que, además de incursionar en estos negocios, se conviertan en los principales beneficiarios de la bicicleta financiera que el Estado nacional y sus socios provinciales estimulan con la emisión de bonos.

La creación del Ministerio de Finanzas no persigue otro objetivo más que el de diseñar la arquitectura legal y política para sostener un alto nivel de endeudamiento y mantener el consumo y la inversión planchadas con altas tasas de interés que hacen más rentable apostar a Lebacs, Letes y demás que a la inversión productiva. Es así como en la actualidad la cantidad de pesos colocados en letras del tesoro nacional equivalen a 1,2 veces la base monetaria, lo cual, constituye una verdadera bomba de tiempo ¿Qué ocurrirá si, tal como parece ser la tendencia en los últimas semanas, el dólar sigue en aumento y se produce una corrida? A pesar del ingreso de divisas vía endeudamiento, los sectores agroexportadores insisten en que hay un “atraso cambiario” y que es necesario llevar la moneda estadounidense a los 20 pesos. Encima, el Banco Central emitió Letes por 1500 millones de dólares, lo que constituye un nuevo estímulo a la bicicleta financiera.

En ese contexto, son los amigos de la ceocracia los principales beneficiados tras la emisión de deuda por parte de las provincias. El hermano del vice-jefe de gabinete, Mario Quintana, es el dueño del Buffet de abogados Holland y Knight LPP, el cual colocó ya seis veces bonos de deuda emitidos en el país. En Tierra del Fuego, por ejemplo, se hizo de 200 millones de dólares en bonos y el Estado puso como garantía regalías petroleras.

Además, Norberto Eladio Quintana es dueño de StonewayCorporation -con sede en Dubai-, una de las empresas socias de Araucaria y SpiEnergy de los IrustaCornet que a su vez son socios de Joe Lewis y Marcelo Midlin, amigos del presidente y del ministro de finanzas.

Entre amigos y familiares se conforma un árbol genealógico del saqueo al que una parte importante del poder judicial hace un aporte sustancial para edificar un marco jurídico que sostenga el proyecto económico de la derecha.

Fuente NP

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